Medio millar de funcionarios europeos se concentraron hoy frente a la Comisión Europea (CE) para protestar contra los recortes del personal comunitario, que incluyen la reducción del número de trabajadores en las instituciones y el aumento de la edad de su jubilación.
La CE aprobó ayer un paquete con propuestas como el retraso de la edad de jubilación de los 63 a los 65 años, la reducción en un 5% de la plantilla, el aumento de las horas de trabajo semanales, la bajada de sueldos en determinados sectores y el aumento de la duración máxima de los contratos externos de 3 a 5 años.
En concreto, la propuesta incluye medidas como la reducción en un 5% del personal de todas las instituciones entre 2013 y 2017 «mediante la rotación normal del personal» y el alargamiento de la semana laboral mínima de 37,5 horas a 40, sin compensación salarial.
Además, los funcionarios europeos deberán esperar dos años más para jubilarse, hasta cumplir los 65, y podrán mantenerse en sus puestos de forma voluntaria hasta los 67, a la vez que se endurecerán las normas para acogerse a la jubilación anticipada.
El paquete también incluye una rebaja de 6 a 3 días anuales en las vacaciones específicas para que el personal pueda viajar a sus países de origen.
El Ejecutivo europeo aseguró que estas medidas, que ahora deberán recibir el visto bueno de los Veintisiete y del Parlamento Europeo para su entrada en vigor, permitirán ahorrar 1.000 millones de euros hasta 2020, sin afectar la capacidad de las instituciones.
Sin embargo, los manifestantes denunciaron la «precarización» que, a su juicio, supondrán estos recortes, que podrían causar la pérdida de peso de las instituciones europeas frente a los Estados miembros, e instaron a Bruselas a «resistir las tentativas populistas y demagógicas de devaluar la administración pública europea».
Eduardo Sorribes, funcionario español en Bruselas desde hace más de dos décadas, advirtió de que las instituciones europeas son cada vez menos competitivas y atractivas para los trabajadores, debido a la política de recortes que, explica, viene acentuándose en los últimos años.
«En mi oficina, los nuevos trabajadores que vienen son solo españoles, portugueses, italianos…» comentó Sorribes, presente en la protesta celebrada hoy en la capital de la Unión Europea.
Un portavoz de la CE, Antony Gravili, reconocía unos minutos antes en rueda de prensa que los recortes se han presentado sin el beneplácito de los representantes de los trabajadores europeos, ya que tras seis meses de negociaciones no se alcanzado ningún acuerdo.
El Ejecutivo europeo ha tenido que encontrar también un equilibrio entre las exigencias de los Estados miembros, que se han mostrado en reiteradas ocasiones a favor de aplicar más recortes, y sus propios temores a que Bruselas pierda capacidad de acción.
Con la crisis de telón de fondo, queda por ver si la propuesta de la CE será modificada a su paso por el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea -formado por los Veintisiete- antes de que los recortes entren definitivamente en vigor.
La propuesta, que ahora debe ser aprobada por el Consejo y el Parlamento de la UE, incluye iniciativas como el retraso de la edad de jubilación, la reducción en un 5 % de la plantilla, compensado con un aumento de las horas de trabajo semanales, y la bajada de sueldos en determinados sectores.
«Hacer frente a los retos»
El comisario europeo encargado de Administración, Maros Sefcovic, expresó su confianza en que el personal de las instituciones europeas podrán hacer frente a los «grandes retos» que afronta «si trabajan más intensamente, durante más tiempo y con mayor eficiencia», según la mencionada nota.
La propuesta aprobada es fruto de las negociaciones en Bruselas sobre un primer paquete que ya figuraba en el Marco Financiero Multianual presentado a finales de junio, del que mantiene «sin cambios» los elementos clave, a la vez que introduce algunas modificaciones para «no afectar a la capacidad de las instituciones».
Sefcovic defendió que esta medida es la «respuesta políticamente correcta y jurídicamente fundamentada» a las peticiones de los Veintisiete, que demandaban, entre otras cuestiones, que se suspendiera el aumento salarial del personal comunitario de este año debido a la crisis económica. Esta idea es «imposible, por no reunirse los requisitos jurídicos necesarios», según afirmó el vicepresidente.
