Profesores del Departamento del Economía de la Universidad de Granada han realizado el proyecto de investigación del Centro de Estudios Andaluces (CEA) «La financiación autonómica andaluza. Efectos de la gestión de la AEAT en Andalucía».
«Los últimos datos de que disponemos, de octubre de 2014, nos indican que hay 43.000 millones de euros pendientes de cobro a nivel nacional».
Fernando Vicente 08/02/2015 – 21:28h.
La ineficiencia e ineficacia del la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) en la recaudación de impuestos es aceptada como un hecho por especialistas, analistas, responsables políticos de todo color, y por la población en general.
La semana pasada, unas jornadas celebradas en Sevilla le dieron un marchamo científico a esa afirmación, dejando claro como conclusión que la «significativa falta de motivación» de los trabajadores de la Agencia Tributaria «se traduce, por un lado, en un ineficiente uso de los recursos contra el fraude fiscal y, por otro, en la percepción negativa por parte del contribuyente, lo que implica una reducción del cumplimiento voluntario del pago de los tributos».
Las cifras
Esta afirmación es de los profesores del Departamento del Economía de la Universidad de Granada que, dirigidos por Pedro E. Barrilao, han realizado el proyecto de investigación del Centro de Estudios Andaluces (CEA) «La financiación autonómica andaluza. Efectos de la gestión de la AEAT en Andalucía».
Y le han puesto cifras a las consecuencias de esa ineficiencia: «Los últimos datos de que disponemos, de octubre de 2014, nos indican que hay 43.000 millones de euros pendientes de cobro a nivel nacional», afirma el profesor Barrilao. Según explica, de esa cantidad, algo más de 8.000 corresponden al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF): «Como mínimo un 10% son de cuotas de andaluces, aunque yo creo que se puede elevar al 12%», asegura el director del estudio.
Con respecto al IVA, la cifra no cobrada ronda los 13.000 millones en todo el país: De esa bolsa, también del 10 a 12% es de andaluces, luego en total el cálculo es de unos 2.000 millones de euros por cobrar en Andalucía. Como la mitad de lo recaudado por esos conceptos debe ser transferido a la comunidad autónoma, la merma para las cuentas andaluzas ronda los mil millones de euros.
El concepto ‘pendiente de cobro’ no se refiere al dinero negro procedente de la economía sumergida sobre el que la AEAT no tenga noticia. «Es peor», afirma el profesor de la Universidad de Granada: La Agencia Tributaria sabe de su existencia, descubre que hay un hecho imponible oculto y cuantifica la deuda, pero no llega a tiempo para cobrarla. «Habrá una pequeña parte que esté discutida en los tribunales; otra, prescrita. Pero una gran parte se cancela por insolvencia. De hecho, ya descubrimos como sólo en un año, en el 2013, se cancelaron por insolvencia en España 6.000 millones de euros. El equivalente a todo el presupuesto del Ministerio de Fomento», explica Barrilao con tono escandalizado.
Insolvencia significa que el deudor carece de bienes para hacer frente al pago de su deuda con Hacienda. En esta época de crisis será así en una parte de los casos, pero, como dice el director del proyecto de investigación del CEA, «También es cierto que si la Agencia no actúa con celeridad, el defraudador puede tener tiempo para distraer esos bienes: venderlos, sacarlos fuera, etcétera. Es un problema que debemos abordar».
Y de prisa. La bolsa de dinero pendiente de cobro (del que, como se ve, una buena parte debería definirse como deuda ya incobrable) no para de crecer año tras año. Según el estudio presentado la semana pasada, a finales de 2010, la cifra era de 35.000 millones de euros, en 2012 se acercaba a los 40.000, y hoy ya supera los 43.000 millones. Un crecimiento superior al 20% en los años que Cristóbal Montoro lleva al frente del Minsiterio de Hacienda, del que depende la AEAT.
Insatisfacción y desmotivación
Para analizar las causas de tamaña ineficiencia, los investigadores de la Universidad de Granada realizaron una amplia encuesta entre los trabajadores de la AEAT. El análisis de sus resultados, explican, «pone de manifiesto que dentro de la AEAT hay una cierta desmotivación, una insatisfacción tremenda, que impide que se pueda luchar contra el fraude fiscal».
Esa insatisfacción tiene que ver con muchas causas, desde sentirse poco valorados en su trabajo, falta de expectativas laborales y salariales, a la falta de medios necesarios para la consecución de sus obj
etivos. Pero los investigadores subrayan una sobre todas las demás, que, a su juicio, resume muy bien su situación de abandono: «El empleado de la Agencia Tributaria, que tiene un entorno legislativo sumamente cambiante, tiene que formarse por sus propios medios».
Es efectivamente alarmante. La Agencia Tributaria se apoya en su personal, no sólo para recaudar, sino para perseguir el fraude fiscal. Un fraude que ya suma 43.000 millones y cuya parte del león no viene de los contribuyentes individuales, ni de los pequeños empresarios, que carecen incluso de la información necesaria para defraudar, sino de las grandes empresas y conglomerados empresariales, que son las que sí tienen los medios para ‘distraer’ sus bienes y ‘optimizar sus cargas fiscales’.
Como explica Barrilao, «hoy la Agencia se centra más en comprobar, mediante cruces informáticos, que los datos que los contribuyentes aportamos estén bien o mal; y sin embargo se dedica muy poco a las investigación de las grandes bolsas de fraude, que está en las grandes empresas». Las jornadas, organizadas por el Centro de Estudios Andaluces para presentar el estudio de la Universidad de Granada, contaron con la participación de expertos y miembros de la AEAT, y se estructuraron en torno a una pregunta: ¿Es necesaria una reforma en la Agencia Tributaria?
«Todos los intervinientes le quitaron los interrogantes», dice el director del proyecto de investigación para explicar cuál fue la conclusión a la que se llegó en las jornadas: «Se puso de manifiesto que necesitamos una reforma, que la lucha contra el fraude fiscal no es efectiva». Y todos estuvieron también de acuerdo en que el cambio debería ir hacia una mejor organización de la AEAT, que debe apoyarse en una mayor dotación de medios que, aseguraron, «hoy por hoy, no llegan».