Debería reducirse el número de cargos de libre designación

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS)

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con la que exige al Gobierno que en un plazo máximo de tres meses apruebe un estatuto para la Agencia Tributaria (AEAT) en la que se garantice una mayor independencia a los inspectores, una reducción del número de cargos de libre designación y la ejecución de una auditoría externa anual, entre otras medidas.

En la iniciativa, que recoge Europa Press, la formación magenta recuerda que la aprobación de un estatuto para la AEAT es una «exigencia legal» que lleva incumplida desde 1991, si bien el actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció hace unas semanas que afrontará esta cuenta pendiente en el marco de la reforma fiscal que se presentará antes del verano.

Por eso, UPyD aprovecha para recordar que el PP votó en 2010 a favor de una resolución en la que se recogían algunos de los puntos imprescindibles que deberían formar parte del estatuto de la AEAT, y exige que se incluyan en el documento que presente Hacienda, de modo que se pueda «limitar la discrecionalidad política» en la gestión de la Agencia, que «frecuentemente ha degenerado en abierta arbitrariedad» y que supone uno de sus principales problemas.

En concreto, la formación que lidera Rosa Díez reclama que el director general de la Agencia sea nombrado por el Congreso con una mayoría de tres quintos por un mandato de cinco años. Este responsable debería comparecer trimestralmente en las Cortes para explicar la gestión de la AEAT y sólo podría ser cesado por unas causas tasadas y no de forma discrecional.

Por su parte, el presidente del organismo –actualmente, el secretario de Estado de Hacienda– debería tener un cargo exclusivamente representativo de modo que queden «adecuadamente separadas» las funciones de propuesta, coordinación y normativa tributaria de las de aplicación de los tributos, «sin interferencias políticas indebidas».

Para mejorar el control, la Agencia Tributaria debería estar sometida a una auditoría anual independiente sobre sus objetivos y el grado de cumplimiento. No obstante, antes sería necesario «garantizar la independencia financiera de la AEAT, de tal forma que en ningún caso su financiación pueda estar condicionada a las decisiones discrecionales del ministro de Hacienda.

Asimismo, el Estatuto debería ir acompañado de una memoria económica con las medidas presupuestarias «necesarias» para «ir equiparando los medios humanos y materiales» de la Agencia Tributaria  a los de sus homólogos europeos.

«España dedica menos personal y recursos presupuestarios que prácticamente ningún país de la OCDE a la lucha contra el fraude. Se debería aprovechar la oportunidad del Estatuto para establecer normas que permitan ir equiparando los medios de la Agencia a los de otros países como Francia, Alemania o Gran Bretaña», argumenta UPyD.

Finalmente, la formación magenta aboga por «reducir al mínimo imprescindible» el número de cargos de libre designación, limitándolos a los que «sean puramente directivos o de asesoramiento directo al director general» de la Agencia. Para esto la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) deberá aprobarse, previo informe de las organizaciones profesionales, como máximo tres meses después de la entrada en vigor del Estatuto.

Por su parte, se creará un sistema de provisión de méritos específicos con un plazo de nombramiento no inferior a dos años para el resto de puestos que «no se estime adecuado que sean por concurso de mérito y, por tanto, inamovibles». «En cualquier caso, la provisión de las plazas de inspectores que realicen la aplicación directa de los tributos deberá realizarse siempre por concurso de méritos», precisa la iniciativa.

Estos concursos deberán ser resueltos por una Comisión en la que participen las organizaciones que representen a los cuerpos de funcionarios afectados, que serán oídas en los nombramientos y ceses del personal directivo.

Finalmente, serán los jueces y tribunales los que designarán y revocarán a los funcionarios encargados del auxilio judicial, «sin perjuicio de las propuestas que pueda realizar la dirección de la Agencia Tributaria».