La tensión entre los funcionarios y el Ministerio de Administraciones Públicas sigue subiendo. La decisión de suprimir la paga extraordinaria de septiembre, contenida en el real decreto de 14 de julio para garantizar la estabilidad presupuestaria, sublevó a los empleados públicos que volvían a ver recortado de nuevo su sueldo tras el ajuste aplicado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2010.

Las reuniones que han mantenido los sindicatos con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, para tratar de revertir la situación no ha tenido ningún efecto. Además de evitar la supresión de la paga extraordinaria, la principal petición era la de tratar de preservar a los empleados públicos de la presentación de los ERE. Ninguna de las dos ha dado resultado. El Ejecutivo se ha mostrado inflexible con la supresión de la paga extra de diciembre y ha aprobado un reglamento de despidos colectivos, en el que se habilitan a los organismos públicos a aprobar ERES, siempre que estén en déficit y que tengan una caída de las transferencias del 5% en un año o del 7% en los dos ejercicios anteriores.

Ante el inmovilismo del Ejecutivo, la Plataforma de Sindicatos y Asociaciones de Empleados Públicos, en las que están representadas más de 30 organizaciones, acordó ayer presentar una demanda colectiva ante la Audiencia Nacional para que funcionarios y laborales (aquellos empleados que no tienen rango de funcionario) cobren la extra de diciembre. Si el recurso judicial prospera, el Ejecutivo puede encontrarse con otro problema adicional para reducir el déficit, ya que las cuentas presentadas a Bruselas cuentan con un ahorro de 4.500 millones mediante la supresión de la paga extra.

Alianza entre empresas públicas

Ese no va a ser el único frente al que se va a tener que abordar el Ejecutivo. Los comités de ocho empresas públicas (Ineco, Isdefe, Senasa, Tragsa, Tragsatec, Emgrisa, Segittur, Paradores Nacionales y Segipsa) han constituido una plataforma que defienda los derechos de los 20.000 trabajadores de esas sociedades mercantiles públicas. Desde la Plataforma subrayan que la aplicación de los recortes contenidos en el real decreto «supone una vulneración de nuestros derechos laborales y sociales». En primer lugar aclaran que esas compañías son sociedades mercantiles públicas, cuyas relaciones laborales están regidas por el Estatuto de los Trabajadores y cuya financiación no depende de los Presupuestos Generales del Estado. «El real decreto equipara a nuestros trabajadores con laborales y funcionarios, con las considerables diferencias que existen», subrayan en un comunicado. Su principal reivindicación se refiere al cobro de la paga extraordinaria de diciembre. «El decreto no especifica cómo se detraen esas cantidades y cómo se van a devolver, con lo cual se incumple el Estatuto de los Trabajadores, que prohibe la confiscación de salarios», recalcan.

Fuentes sindicales consultadas por CincoDías recalcan que otras prioridades son evitar los despidos masivos para los contratados por obra y servicio, previstos para diciembre, y frenar los ERES anunciados recientemente.