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Raquel Pascual – Madrid
Los presupuestos generales del 2013 mantendrán congeladas por segundo año consecutivo las aportaciones a todos los planes privados de pensiones y al resto de seguros de todos los empleados públicos. Esta medida que se impuso en el primer Decreto de recortes del PP de diciembre del 2011, se volvió a recoger en los presupuestos de este año y ahora está de nuevo incluida en las cuentas que tramita el Gobierno para 2013.
Esta suspensión de las aportaciones a planes de pensiones en todo el sector público, incluye al sector empresarial, por lo que afecta a casi tres millones de trabajadores, está generando problemas a la hora de su interpretación jurídica. Así lo ha indicado hoy en una jornada sobre el futuro de las pensiones organizada por AXA y El Nuevo Lunes la experta en Previsión Social Complementaria de Cuatrecasas Asunción Bouzá, quien ha explicado que muchas entidades públicas dudan sobre el alcance de esta congelación.
En concreto, se cuestiona si solo afecta a los planes de pensiones o también afecta a otros productos como los seguros. La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas ha respondido con un informe de la Abogacía del Estado indicando que la congelación afecta además de a los citados planes de pensiones colectivos a todo tipo de contratos de seguros, como los de fallecimiento o invalidez. Y es aplicable a todo el sector público interpretado de manera extensa.
Ante esta situación, Bouzá ha llamado la atención sobre el futuro incumplimiento de las pólizas de pensiones de modalidad de prestación definida (aquellas donde inicialmente se contratan unas aportaciones definidas para recibir una prestación concreta garantizada). «Si no se aportó en 2012 y probablemente no se aporte en 2013, las gestoras tendrán que incumplir estas pólizas», ha dicho esta experta.
Así, los empleados públicos afectados no recibirán toda la prestación que esperan en función de su aportación. De hecho, esta experta ha añadido que ante las dudas sobre si el Estado podrá compensar estas aportaciones no realizadas en años sucesivos, la Abogacía del Estado ha respondido que habrá que tener en cuenta «los límites presupuestarios en cada momento». De esto, los expertos concluyen que el suspenso de estas aportaciones podrían incluso mantenerse en el tiempo.
