La imagen de decenas de funcionarios con carteles, gritando, con cacerolas o trompetas es habitual este otoño en las puertas de los edificios públicos. Cualquiera que haya pasado por delante de una dependencia ministerial o autonómica en una gran ciudad o capital de provincia a media mañana lo ha podido ver. Protestan, entre otras cosas, contra la eliminación de la paga extra de Navidad.
El Gobierno veía venir esta imagen desde el decreto de recortes de julio y esperaba que a la vuelta del verano fuera a más. Y se ha puesto manos a la obra para extremar el control sobre estas protestas. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, envió en septiembre a los departamentos de la Administración General del Estado una carta en la que pide a los responsables que “extremen las medidas que garantizan el debido cumplimiento de la jornada establecida”. En la misiva a la que ha tenido acceso este diario, la enviada al subsecretario del Ministerio de Economía, Miguel Temboury, el Ejecutivo advierte de que “una vez finalizado el periodo estival, es probable que a partir de este mismo mes se produzca la reanudación o la intensificación” de las protestas. A continuación, el texto salido del departamento que dirige Cristóbal Montoro recuerda al destinatario que tiene que “garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos” y que, hablando del personal de la Administración, “eso conlleva el estricto cumplimiento de la normativa relativa a jornada y horarios, así como de los límites establecidos para los tiempos de descanso o pausa dentro de la jornada”.
Para que esto se cumpla, sigue la carta, “se hace necesario velar para que el servicio que se presta no resulte afectado”. En ningún momento el texto firmado por Beteta contiene amenaza, ni directa ni velada, a los empleados públicos que secunden las protestas. Tampoco advierte de sanciones. Lo que sí hace es exigir al subsecretario Temboury “extremar las medidas que garanticen el debido cumplimiento horario”.
Los funcionarios y el personal laboral de la Administración fueron uno de los colectivos peor parados del decreto de recortes de julio, en el que entre otras cosas se dictó el aumento del IVA. No solo se eliminó la extraordinaria de Navidad; se redujeron de seis a tres los moscosos (días libres); se acabó con los canosos (días libres que se acumulaban con antigüedad); se congelaron las oposiciones, y se bajó considerablemente el número de liberados sindicales.
Este paquete de medidas irritó profundamente a un colectivo que acumula una importante pérdida de poder adquisitivo (más del 20%, según varios sindicatos), aunque también ha notado mucho más tarde la destrucción masiva de empleo. Desde que el Gobierno de Zapatero decretó una rebaja media del salario del 5%, su sueldo está congelado y a eso hay que sumar la eliminación de la extra de diciembre. La primera prueba de ese malestar llegó en las muy concurridas manifestaciones contra los recortes del 19 de julio pasado.
Posteriormente, las protestas han continuado casi cotidianamente a las puertas de muchos edificios públicos. Las acciones de rechazo proseguirán durante el otoño. Y una buena prueba de ello es la convocatoria de la huelga general el 14 de noviembre.
