Seguiré al frente de Hacienda hasta que el Consejo de Ministros diga lo contrario.

El responsable Hacienda ha asegurado que seguirá trabajando al frente de la Secretaría de Estado hasta que el Consejo de Ministros diga lo contrario.

El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña.

“Aquí sigo y seguiré”, ha indicado en una rueda de prensa, tras ser preguntado por su posible nombramiento como presidente de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

Ocaña ha dicho que a veces no hay que creerse “a primera vista” lo que dicen los medios de comunicación y ha recordado que se ha hablado seis o siete veces de su posible marcha y ninguna de las veces se ha cumplido.

“Mi único horizonte es el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de mañana”, tras asegurar que seguirá elaborando los Presupuestos Generales del Estado y las cosas que ocupan a esta Secretaría.

 

La Generalitat despedirá a más de mil personas de sus empresas públicas

La Generalitat despedirá antes del verano a más de 1.000 trabajadores de sus empresas públicas y organismos diversos en los que tiene más del 5%, como parte del plan de ajuste que está llevando a cabo la administración catalana, han confirmado a Efe diversas fuentes del sector público catalán.

Según han reconocido portavoces de la conselleria de Gobernación, responsable de la función pública, se trata de un ajuste que se aprobó en febrero de este año por el que estas empresas públicas y entidades deben o reducir un 6% de su masa salarial o un 5% de su plantilla antes del 30 de junio y hasta entonces no se sabrá la cifra exacta de los afectados.

El personal de las empresas públicas, consorcios, entidades mercantiles, fundaciones y organismos de diversa condición sumaba un total de 49.670 personas en 2010, según consta en los Presupuestos de la Generalitat del año pasado, con lo que un 5% de esa cifra serían más de 2.400 trabajadores, el triple del ERE que llevó a cabo Nissan en 2009, el mayor de Cataluña en los últimos años.

Fuentes de Gobernación aseguran que, en todo caso, no se llegará a esta cifra de 2.400 despedidos porque se intentará reducir gastos a través de no cubrir bajas, suplencias y reducciones horarias para intentar que el ajuste resulte lo menos traumático posible y acercarse así a la reducción del6 % de masa salarial.

Sin embargo, para Xavier Casas, responsable de la función pública de UGT en la Generalitat, “lo que está ocurriendo es un ERE encubierto porque afecta a personal fijo, sin ningún criterio económico, incluso despidos de personas que tenían 20 años de antigüedad”.

Según los sindicatos, los despidos ya han empezado: en el Incasol se ha despedido a 22 trabajadores; en la promotora de vivienda pública Adigsa se han llevado a cabo 20 despidos; en el Instituto Cartográfico, otros 20; en el Parque Científico de Barcelona, 12.

En total, 74 despedidos a los que tan sólo se ha abonado 20 días por año trabajado, según denuncian las fuentes sindicales consultadas que además critican las bajas indemnizaciones con las que la administración catalana está aplicando este ajuste.

La coordinadora del Área Pública de CCOO de Cataluña, Josefina Pujol denuncia que “hemos intentado en varias ocasiones abrir conversaciones con la Generalitat para negociar un acuerdo global que permita recolocar a buena parte de los afectados y reducir el impacto social de esta medida, pero se han negado a recibirnos”.

En Ferrocarriles de la Generalitat, por ejemplo, UGT ya ha denunciado que afectará a un total de 72 trabajadores, con lo que prevé un goteo de despidos los próximos meses hasta superar ampliamente los 1.000 afectados, una cifra casi igual a los 912 empleos netos que se destruyeron en Cataluña en todo el año 2010, según la Encuesta de Población Activa.

Gobernación alega que el ajuste no afecta a funcionarios con oposición ganada y que los perjudicados son en su mayoría interinos, personal contratado y eventuales para reforzar determinados horarios, turnos o servicios.

También señalan que el ajuste afecta a las 253 entidades y empresas públicas de la Generalitat; de éstas, el tripartito ya señaló que 103 podían desaparecer o integrarse en otras en un proceso de racionalización de la administración.

Los sindicalistas consultados han señalado que convocarán movilizaciones en defensa de un servicio público de calidad, como la que habrá el 14 de mayo en protesta por los recortes sociales en la Generalitat y esperan que, tal y como ha ocurrido en el sector sanitario, la Generalitat acabe reculando.

“No tiene sentido que en Cataluña, con un cuota de paro de casi el 18 , la Generalitat sea parte del problema y no de la solución”, ha lamentado Josefina Pujol.

Las normas del EBEP no se aprobarán en 2011.

La secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, ve “muy difícil” que este año se pueda presentar una Ley de Función Pública que desarrolle el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), dada la necesidad de un mayor consenso social y político.

Durante su comparecencia en la Comisión de Política Territorial del Senado para explicar las líneas generales del departamento que dirige, Rumí descartó que pueda tramitarse a corto plazo una ley que aglutine las normas que desarrollarán el EBEP en el Congreso, debido a “los tiempos de los procedimientos parlamentarios”.

Señaló la necesidad de “consenso” no sólo con los sindicatos de la Función Pública sino también con los partidos políticos y dijo que es “fundamental” retomar el diálogo social.

No obstante, indicó que las conversaciones con los agentes sociales continuarán en línea con otros aspectos del Estatuto Básico que no necesitan una norma con rango de ley, como el impulso a la profesionalización, los programas de evaluación del desempeño de las labores de los funcionarios o el papel de la formación.

Rumí consideró que el Gobierno debe estar “a la altura” de las responsabilidades en las materias de función pública que deben ser dialogadas y negociadas, y aludió a los tres temas que deben tratarse en la Mesa General de las Administraciones Públicas: la reforma del régimen de clases pasivas, el desarrollo del EBEP y la recuperación del Acuerdo firmado en septiembre de 2009.

El Estatuto Básico del Empleado Público fue aprobado en 2007, aunque para su plena entrada en vigor deben desarrollarse unas normas con el fin de que pueda aplicarse tanto en la Administración General del Estado como en las comunidades autónomas.

El Estado aporta menos a las pensiones de los funcionarios.

Estaba previsto que la Administración ingresara el 0,5% del salarios de sus empleados y se ha quedado en el 0,3% por el recorte de gastos.

El Estado recortará este año su aportación a los fondos de pensiones de los funcionarios. La contribución prevista para 2011 era del 0,5% del salario de cada empleado integrado en un plan, pero la Administración la ha rebajado al 0,3%. Casi un millón de funcionarios cuenta con un plan de pensiones que recibe aportaciones de las diferentes administraciones: autonómicas, local y la general del Estado.

Desde 2004 y hasta 2009, la partida incluida en los Presupuestos Generales del Estado era del 0,5% de la masa salarial de los empleados públicos, pero ante la crisis y la necesidad de recortar gastos, los sindicatos y la Administración acordaron en la Mesa de la Función Pública modificar este porcentaje. Se fijó un calendario según el cual se rebajaba esta aportación hasta el 0,3% del salario en 2010 para volver a situarlo en el 0,5% en 2011 y elevarlo hasta el 0,7% en 2012, de forma que este último año se recuperase el terreno perdido.

Dificultades
Pero las dificultades de la economía no remiten y el Gobierno ha decidido no aplicar la subida prevista para 2011 desde el 0,3% al 0,5%. Esta iniciativa supone una vuelta de tuerca más y se une a la rebaja en la aportación que indirectamente supuso el recorte medio del 5% en el sueldo de los funcionarios.
La aportación de las todas las administraciones públicas a los planes de pensiones de sus empleados ronda los 150 millones de euros anuales y el patrimonio gestionado en estos productos es de uno 1.300 millones.

Aunque las administraciones pueden disponer de la partida incluida en los Presupuestos Generales del Estado, hay comunidades autónomas y administraciones locales que no han puesto en marcha este tipo de instrumentos de ahorro destinados a complementar las pensiones del sistema público. De los 2,5 millones de funcionarios, alrededor de un millón cuenta con un fondo de pensiones de empleo. Los organismos que promueven un plan pueden recibir en el momento de su constitución la partida que le hubiera correspondido desde 2004, año en que se habilitó por primera vez.

La fuerte crisis de liquidez de las administraciones, principalmente de las locales está provocando retrasos en el ingreso de las aportaciones a algunos planes que generan una deuda pendiente con el fondo.
Los planes de empleo mueven 31.238 millones de euros, repartidos entre 2,1 millones de partícipes. BBVA y La Caixa son las gestoras más activas.

Dónde invierte
El plan de pensiones más relevantes es el de los funcionarios de la Administración General del Estado, que cerró el año pasado con 605.432 partícipes tras la adhesión del Instituto Nacional de la Vivienda, Fundación Thyssen Bornemisza y la Comisión Nacional del Sector Postal.

En total agrupa a los empleados de 125 instituciones públicas. El Ministerio de Defensa y la Dirección General de la Policía son los que cuenta con un mayor peso por partícipes. El patrimonio del plan cerró el año pasado con 498 millones de euros.

El fondo está gestionado por Gestora de Previsión y Pensiones (GPP), filial de BBVA, participada por los sindicatos CCOO y UGT. El plan tuvo el año pasado una pérdida del 0,26%, aunque se anota una ganancia del 2,69% desde su creación en 2005. El 69,68% de su cartera está invertido en renta fija, y el 27,64% está en bolsa.

El fondo evaluará la propuestas que su gestora le realizará los próximos días para aumentar su inversión en activos emergentes a la vista de las jugosas rentabilidades que ofrecen. Esta propuesta se ha hecho extensiva a todos los planes que gestiona GPP, entre los que se encuentran los de Iberdrola, Repsol o el de los empledos del propio banco.

Generalitat
La creación del plan de los funcionarios fue el pistoletazo de salida para el resto de las instituciones públicas. Desde entonces, varios organismos han constituido un plan para sus empledos. El segundo mayor es de la Generalitat de Catalunya, gestionado por Vidacaixa, que acumulaba a finales del año pasado un patrimonio de 223 millones de euros y 234.245 partícipes.

El fondo de la Generalitat Valenciana, gestionado por Aviva, es el tercer plan, con 113.722 partícipes y 53 millones de euros. Ibercaja administra el fondo constituido por la Diputación d e Aragón. Su patrimonio asciende a 118millones y tiene 28.900 partícipes.