El Pais 20-8-2015. Las funcionarias embarazadas podrán pedir la baja desde la semana 37.

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Las trabajadoras tendrán derecho a pedir permiso retribuido desde la semana 37 de gestación y hasta el día del parto

Los funcionarios podrán recuperar los días de vacaciones si enferman

  • Madrid 20 AGO 2015 – 13:41 CEST
  • Las funcionarias del Estado tendrán derecho a cogerse permisos retribuidos desde la semana 37 de gestación y hasta el día del parto a partir del año que viene (un embarazo dura, habitualmente, 40 semanas), tal y como ha anunciado este miércoles el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, como medida de apoyo a la familia.

    Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, Beteta ha señalado que una “inclusión importante y novedosa” en las cuentas del año que viene es este nuevo permiso retribuido, que beneficiará a las empleadas públicas en el “último periodo del embarazo, que suele ser el más complicado”.

    Además, ha recordado otras medidas positivas para la Función pública que se incluyen en los Presupuestos de 2016, como la devolución del tercer día de asuntos propios (los llamados moscosos) que faltaba por recuperar desde 2012 y hasta los tres canosos que se conceden a los funcionarios en función de su antigüedad.

    Subida de sueldos del 1%

    Por otra parte, el Ministerio de Hacienda ya anunció el acuerdo alcanzado con las centrales sindicales para “poner fin a la congelación salarial” que ha afectado a los funcionarios en los últimos cinco años mediante una subida de sus retribuciones del 1% “en consonancia con las mejoras económicas”.

    En este sentido, Beteta ha cifrado en 180 millones de euros el coste de esta decisión para el Estado y de 883 millones de euros para todas las administraciones públicas, ya que esta decisión de aumento salarial es “normativa básica y de obligado cumplimiento” para todos los niveles de la Administración.

    A esto se sumarán los 2.562 millones de euros que costará la devolución del 50% de la paga extraordinaria de la Navidad de 2012 que se suspendió, una medida “básica potestativa”, es decir, que las comunidades y los ayuntamientos podrán aplicar o no “según sus planes de ajuste y conforme proceda en la negociación con sus centrales sindicales”. Al Estado, eso sí, le costará 547 millones, que se aplicarán ya en la nómina del mes de enero de 2016, según ha precisado Beteta en declaraciones a los medios.