El Gobierno niega haber privatizado el servicio de cita previa de la Agencia Tributaria (AEAT) y asegura que sólo ha contratado un «servicio complementario», por un precio de 1,44 millones de euros para un año de ejecución.

   Así lo asegura en respuesta a la portavoz del BNG en el Congreso, Olaia Fernández Davila, quien a finales de octubre preguntó por escrito al Ejecutivo por la licitación de un concurso para adjudicar la gestión de la cita previa telefónica, a excepción de la que se presta de forma excepcional durante la campaña de la Renta.

   «La lógica que rige a esta Gobierno a la hora de justificar sus continuas privatizaciones y externalizaciones de servicios es la habitual centrada en la racionalización de costes. Sin embargo, organizaciones sindicales han denunciado que dicha privatización generará un sobrecoste económico del 67%, unos 800.000 euros más que si es prestado por el personal de la Agencia Tributaria», afirmaba la diputada gallega.

   Por eso, y por su convicción de que este servicio (como otros del ámbito social) debería seguir en manos públicas, Fernández Davila preguntaba por las «verdaderas razones del fervor gubernamental por privatizar» y por la «disposición» del Ministerio de Hacienda a «dar marcha atrás» en el concurso y «convocar plazas públicas» para prestar el servicio.

«NO SE HA PRIVATIZADO LA GESTIÓN DEL SERVICIO»

   En su respuesta, que recoge Europa Press, el Gobierno asegura que «no se ha privatizado la gestión del servicio telefónico de cita previa de la Agencia Tributaria» sino que «únicamente se pretende contratar un servicio complementario de la actividad» del organismo.

   Además, subraya que la gestión de los recursos humanos de la AEAT se ha dirigido a «asegurar un volumen de efectivos que permita consolidar y avanzar en los objetivos de control y prevención del fraude fiscal» y recuerda que en 2014 las plazas para cuerpos adscritos a la Agencia Tributaria aumentaron «sustancialmente».

   Junto a eso, se ha realizado un «importante esfuerzo» para implantar «importantes mejoras y reformas» que han permitido «potenciar la asignación eficiente del personal, la racionalización de las estructuras organizativas y la flexibilización de la asignación de competencias y tareas».

   Con respecto a los detalles del contrato, sobre los que también preguntaba Fernández Davila, la respuesta gubernamental se limita a remitirse a los pliegos de cláusulas administrativas aprobado por Hacienda para el concurso público.

   Según dichos pliegos, que recoge Europa Press, el concurso salió a licitación a mediados de octubre por algo más de 2 millones de euros (1,72 millones sin impuestos), aunque el 30 de diciembre fue adjudicado finalmente a Abante Business Process Outsourcing, S.L. por 1,44 millones de euros (impuestos incluidos), por tratarse de la «oferta económicamente más ventajosa» de las once presentadas.

   El contrato prevé que la adjudicataria preste el servicio de atención personalizada telefónica para concertar, cambiar o anular citas previas con la Agencia Tributaria, salvo para realizar la Declaración del IRPF o modificar el borrador.

   El servicio se prestará entre el 12 de enero y el 31 de diciembre de este año en horario de lunes a viernes, de 9 a 19 horas, incluyendo festivos salvo nacionales. En agosto, el horario será de 9 a 15 horas.

   Hacienda prevé que haga falta atender al menos 2,38 millones de llamadas en un mínimo de 119.200 horas de servicio, por lo que la empresa adjudicataria debe contar con recursos humanos necesarios para cubrir al menos un 10% más de esa cifra, repartidos en diferentes turnos que garanticen la «máxima eficiencia».

    La empresa también debe hacerse cargo de la infraestructura desde la que prestar el servicio (instalaciones, puestos, líneas, red de conexión interna, medios informáticos, sistema de devolución de llamadas y líneas de Internet), aunque será la Agencia Tributaria la que le aporte la aplicación informática necesaria.

   Durante el primer mes de prestación del servicio, la adjudicataria debía presentar un plan de formación de 10 horas para sus trabajadores, para el que contaría con la colaboración de técnicos de la Agencia Tributaria.

   Aunque el personal puede ser elegido libremente por la compañía –teniendo en cuenta que deben ser capaces de atender también en catalán, valenciano, balear y gallego–, debería contar con un mínimo de un supervisor por plataforma, un coordinador por cada 30 operadores y un responsable de servicio que actúe como interlocutor con la Subdirección General de Información y Asistencia Tributaria, así como otro para cada centro y turno.

   Asimismo, Abante Business Process Outsourcing, S.L. debe encargarse de gestionar el plan de abonado «garantizando su eficiencia y su rápida adaptación a las necesidades que surjan en el desarrollo del servicio».

   Finalmente, la empresa se compromete a custodiar toda la información con respeto a lo establecido en la Ley de Protección de Datos, así como a no simultanear este contrato con otras campañas. La Agencia Tributaria, por su parte, se reserva el derecho a acceder en tiempo real a la información que está tramitando la empresa y a recibir informes diarios y uno final sobre el servicio prestado.